Un nefasto legado de desatención a los afiliados y de multimillonarias deudas con 18 hospitales, es lo que deja la Caja de Compensación Familiar de Córdoba -Comfacor-, en su paso por el departamento del Atlántico.

Precisamente, estas dos situaciones, que se generalizaron en los 74 municipios de los seis departamentos en donde Comfacor registraba 540.303 afiliados, de los cuales 528.855 en el régimen subsidiado y 11.448 en el contributivo, condujo a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) a revocar totalmente la autorización de funcionamiento en Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y Sucre.

Los hallazgos de la Supersalud concluyeron que Comfacor representaba un riesgo para la seguridad de sus afiliados y el manejo de los recursos de la salud.

En el caso del Atlántico, se volvió costumbre el reclamo de los afiliados por la pésima atención. Al extremo que las IPS le cerraron las puertas por falta de pago, lo que prácticamente dejó en el abandono, de manera grave, los tratamientos médicos que requerían los pacientes.

En este departamento, Comfacor alcanzó a registrar 63.901 afiliados en 10 municipios, de ellos 62.377 (97,61%) en el régimen subsidiado y 1.524 (2,39%) en el contributivo.

Soledad concentraba el mayor número de afiliados con 30.831 (48,24%), siguiéndole Malambo con 10.856 (17,14%), Polonuevo, 4.010 (6,27%) y Repelón con 3.856 (6,03%).

En su orden, los restantes afiliados estaban registrados en Candelaria (3.285), Sabanalarga (3.193), Ponedera (2.699), Piojó (2.433), Tubará (2.030) y Puerto Colombia (608).

Para la atención a los usuarios dispuso de una red de 49 entidades, de las cuales 21 en Barranquilla, 6 en Soledad, 5 en Soledad, 2 en Candelaria, Malambo, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón y Tubará y 1 en Palmar de Varela. La mayoría de ellas de baja complejidad (23).

Sin embargo, pese a la amplia red ofrecida la atención a los afiliados no fue la más oportuna, debido a las deudas de Comfacor, lo que prácticamente convirtió la situación en un verdadero ‘paseo de la muerte’.

Multimillonaria cartera con hospitales

A esta desatención a los afiliados se suma la acumulación de deudas con 18 instituciones hospitalarias del Atlántico, las cuales totalizan 8.962 millones 459 mil 472 pesos.

De esta deuda, el 48,24% se concentra en dos entidades del municipio de Soledad: ESE HMI Ciudadela Metropolitana, 3.849 millones 441 mil 893 pesos y Hospital Departamental Juan Domínguez Romero, 84 millones 598 mil 389 pesos.

Con el 26,28% del total les siguen dos entidades que operan en Barranquilla: Hospital Cari ESE, 1.500 millones 442 mil 011 pesos y ESE Hospital Niño Jesús, 883 millones 286 mil 057 pesos.

El 29,54% restante la cartera se discrimina de la siguiente manera:

- ESE Hospital Departamental de Sabanalarga, 755 millones 155 mil 290 pesos.

- ESE Hospital de Malambo, 713 millones 270 mil 636 pesos.

- ESE Hospital de Ponedera, 624 millones 447 mil 679 pesos.

- ESE Centro de Salud de Polonuevo, 257 millones 775 mil 587 pesos.

- Hospital Vera Judith Imitola Villanueva ESE (Piojó), 92 millones 708 mil 172 pesos.

- ESE Centro Materno Infantil de Sabanalarga, 90 millones 306 mil 732 pesos.

- ESE Hospital de Puerto Colombia, 39 millones 96 mil 864 pesos.

- ESE Hospital de Santo Tomás, 21 millones 165 mil 66 pesos.

- ESE Hospital de Baranoa, 17 millones 153 mil 371 pesos.

- ESE Centro de Salud con Camas de Palmar de Varela, 16 millones 592 mil 216 pesos.

- ESE centro de Salud Usiacurí ‘José María Ferez Farah’, 8 millones 923 mil 642 pesos.

- ESE Hospital de Juan de Acosta, 6 millones 658 mil 672 pesos.

- ESE Hospital Municipal de Sabanagrande, 1 millón 71 mil 395 pesos.

- ESE Campo de la Cruz, 365 mil 800 pesos.

Y ahora, ¿quién podrá defenderlos?

De todo este panorama y la decisión de la Supersalud de revocarle la autorización de funcionamiento a Comfacor, son muchos los interrogantes que mantienen en la incertidumbre tanto a los afiliados como a las instituciones hospitalarias.

Por ejemplo, si antes de adoptarse la decisión, ya las IPS habían cerrado las puertas para atender a los afiliados, ¿Quién responderá por ellos hasta el 31 de marzo cuando cesan definitivamente las actividades de Comfacor? ¿Quién paga esas atenciones, en caso que se den? ¿Cómo queda la continuidad de los tratamientos médicos? ¿Por qué los afiliados no fueron reubicados de inmediato a otras EPS? ¿Quién responderá por los multimillonarios pagos a los hospitales? ¿Será que las deudas quedan como cartera incobrable, en detrimento de los ya sacrificados hospitales? ¿Hubo improvisación o falta de planificación de la Supersalud al no adoptar los planes de contingencia necesarios para no dejar en el aire a los usuarios ni los hospitales?

Como siempre ocurre, ojalá en este caso el remedio no termine siendo peor que la enfermedad